Las finanzas responsables, pieza clave para una economía sostenible

Permítanme, en primer lugar, expresar mi satisfacción por el hecho mismo de estar celebrando hoy esta reunión aquí, por el hecho de haber logrado reunir por primera vez a todo el sistema financiero español en la búsqueda de un objetivo común. Puede sonar tópico hablar de hito, pero claramente se trata de un hecho histórico el haber conseguido unir a entidades con intereses tan legítimos como heterogéneos en pos de un propósito común. Y ha sido la sostenibilidad, y en concreto el concepto de finanzas sostenibles, lo que ha unido a bancos, cajas, cooperativas de créditos, compañías de seguros, instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones en esta iniciativa conjunta que se ha propuesto el ambicioso objetivo de impulsar en España la transición hacia una economía más justa, sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

En honor a la verdad, tengo que decir que no nos costó mucho llegar a este acuerdo. Desde el primer momento todos los participantes acogieron con entusiasmo el proyecto de crear un Centro de Finanzas Responsables y Sostenible, entre otras razones, porque el concepto y la acción de la sostenibilidad no era una idea nueva para un gran número de entidades financieras españolas, muchas de las cuales son punteras en desarrollos ligados a las finanzas responsables. Pero queríamos dar un paso más como industria y decidimos incorporarnos a la Red Internacional de Centros Financieros para la Sostenibilidad (FC4S), una iniciativa impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, que tiene como objeto asegurar un flujo suficiente de capital privado hacia inversiones respetuosas con el medio ambiente.

Durante el proceso de creación del centro español, que es el vigésimo séptimo miembro de esta red internacional de Naciones Unidas, pensamos cuál debería ser el enfoque, la vocación concreta, de esta organización y acordamos que dirigiera una especial atención a las pequeñas y medianas empresas, que no sólo conforman el grueso del tejido industrial español, sino que además son las que más dificultades y necesidades pueden tener para hacer esta transición hacia una economía baja en carbono y, en particular, para adaptarse a los requerimientos que plantee la futura Ley de Cambio Climático y la  normativa de la Comisión Europea en este ámbito. Y es que el compromiso con la sostenibilidad no es exclusivo de las grandes empresas ni de las de un sector concreto, pues todas tienen importantes aportaciones que realizar.

Queremos que este centro se convierta en un foro muy activo en el que todas las partes interesadas puedan debatir y encontrar soluciones financieras y de inversión novedosas para las empresas. Pero también deseamos utilizar esta plataforma para aprender de las experiencias desarrolladas en otros países, difundir las mejores prácticas de cada uno de ellos e incluso poner en marcha iniciativas conjuntas, a través de acuerdos de colaboración con los centros más relevantes de Europa. Además, Finresp se ofrece a colaborar activamente con las autoridades en la elaboración y puesta en práctica de un marco normativo eficaz que permita progresar en la lucha contra el cambio climático.

En este capítulo tengo que referirme necesariamente al Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles anunciado el martes pasado por el Gobierno dentro de la Declaración de Emergencia Climática aprobada por el Consejo de Ministros. Desde Finresp saludamos la iniciativa y ofrecemos la plena y leal colaboración al nuevo Ejecutivo del sistema financiero español que, como se puede comprobar, está abierto e impaciente por avanzar en la senda de las finanzas responsables. La propia creación de Finresp y la celebración de estas jornadas son una buena muestra esta voluntad y predisposición.

Permítanme que me detenga un poco más en este aspecto de la colaboración público-privada y en la necesidad de pasar a la acción de forma ordenada y sin tardanza, pues es el asunto que personalmente más me preocupa.

Como se puede observar, la fase de toma de conciencia de este proceso se puede dar por concluida. Son millones los ciudadanos, como muestran las encuestas o las manifestaciones de todo tipo que se producen a diario, los que quieren que esta transformación de la economía y de la sociedad se haga realidad ya. Y son también numerosos los inversores y las empresas para los que el cambio climático se ha convertido en un factor determinante en sus estrategias y perspectivas de largo plazo. Más de 10.000 compañías en todo el mundo se han adherido a la Agenda 2030: el Pacto Mundial de Naciones Unidas para llevar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles al sector empresarial. La española es la red local con más entidades adheridas con más de 1.600 firmantes de este compromiso. Son los consejos de administración y comités de dirección los que están presionado a sus respectivas empresas para que emprendan acciones para mitigar el cambio climático, pero sobre todo son los propios clientes y otros grupos de interés los grandes catalizadores de ese impulso.

Está claro que la conciencia sobre este problema está cambiando rápidamente y estamos a punto de que se produzca una transformación profunda tanto en las finanzas como en el sistema productivo en general. Precisamente esa amplísima base de apoyo social que tiene la lucha contra el cambio climático se ha convertido en una palanca vital, un motor imprescindible para acometer los complejos cambios que se requieren en nuestros modelos productivos y en nuestra forma de vida.

El sector financiero español también es perfectamente consciente de los desafíos a los que se enfrenta y del papel fundamental que debe jugar en la lucha contra el cambio climático. Los bancos, cajas, cooperativas de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva están preparados para ser actores de ese cambio. O, por utilizar una reciente expresión de la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, los agentes financieros somos “facilitadores del cambio”. Nunca mejor dicho. Pero ¿por qué el sector financiero adquiere tal relevancia en este contexto? Parece obvio que un elemento sustancial para el logro de estas metas será la financiación. Se requerirán miles de millones de euros (180.000 millones anuales sólo en la UE durante el próximo decenio) para hacer realidad esta transición hacía una economía baja en carbono. No obstante, no será fácil canalizar esas inversiones hacia nuevos proyectos y sectores productivos, pues se requerirá una acertada evaluación de los riesgos asociados al cambio climático y a cómo la política medioambiental impactará en la oferta, en los precios y costes y en la demanda, esto es, en toda la economía.

Las entidades financieras, y en concreto los bancos, están acostumbrados a la gestión de riesgos. Pero el desafío del cambio climático en materia de riesgos es distinto en su naturaleza, básicamente por las incertidumbres asociadas al mismo, por la falta de datos históricos que sirvan de guía, y por los elevados plazos temporales con los que es necesario trabajar para estimar su impacto. Esos riesgos puedes ser de tipo físico, es decir, el impacto que el propio cambio climático puede tener sobre los riesgos financieros, pero existen también riesgos de transición, derivados del cambio del modelo productivo hacia uno más sostenible.

La evaluación de estos riesgos debería contemplar, por ejemplo, la posibilidad de que se dé un cambio abrupto en esa transición, lo que haría que industrias enteras, categorías de activos, pierdan súbitamente su valor. Varios pueden ser los posibles orígenes de ese cambio inesperado: la propia evolución del clima; innovaciones tecnológicas que permitan avanzar más rápidamente hacia modelos económicos más sostenibles; las regulaciones emanadas de las autoridades, del sector público; o un cambio en las preferencias de los consumidores. Dibujar el mapa de estos riesgos -qué sector va a verse afectado, cuándo se va a producir ese impacto y cuál es su magnitud – es, hoy por hoy, imposible de conocer.

El sector primario energético será el que probablemente reciba el primer impacto, pero los efectos de segunda y tercera ronda afectarán a muchos otros sectores, tales como el transporte, la logística, la automoción, la industria química o cualquier otra que sea intensivo en el uso de la energía. De todo ello, sólo sabemos que el impacto no será cero, pero apenas nada de cuándo se van a ver afectados y en qué medida lo van a ser. Por ello, es crucial que todos esos cambios se lleven a cabo de forma gradual para prevenir incrementos innecesarios del coste de la energía y permitir la aparición y aplicación de nuevas tecnologías.

Esta incertidumbre sobre el propio cambio climático y respecto a los riesgos ligados a la transición están provocando una gran inquietud entre empresas e inversores y ya son numerosas las voces que reclaman una acción más decidida de las autoridades para ordenar todo este proceso. La propia Comisión Europea, en boca de su vicepresidente Frans Timmermans, se lamentaba hace pocos días de que la clase política estaba haciendo muy poco para preparar a sus ciudadanos ante lo que él calificaba de cambio tectónico. Por no hablar de Larry Flink, presidente de la compañía de gestión de activos más grande del mundo, BlackRock, que en su última carta a inversores señalaba como una de las cuestiones más importantes de este proceso la escala y el alcance de la acción gubernamental en materia de cambio climático, lo que va a definir la velocidad con la que avanzaremos hacia una economía baja en carbono. En su opinión, que comparto plenamente, este desafío no puede ser resuelto sin una respuesta internacional coordinada desde los gobiernos y alineada con los objetivos del Acuerdo de París.

Los gobiernos y el sector privado deben trabajar juntos para lleva a cabo una transición que sea ordenada y equitativa. No podemos dejar atrás a los segmentos de la sociedad menos favorecidos, a sectores económicos o países enteros, mientras seguimos adelante hacia una sociedad más sostenible, y en teoría más justa, porque estaríamos haciendo justo lo contrario de lo que pretendemos. En suma, es de vital importancia que las autoridades comiencen a poner orden en todo este proyecto de transformación, donde la iniciativa privada está siendo muy activa, a fin de reducir, en la medida de lo posible, la incertidumbre inherente a este proceso o para lograr que las actuaciones de los gobiernos no aumenten, al menos, la confusión. Como ya he dicho en otras ocasiones, se trata en definitiva de no añadir incertidumbre artificial a la incertidumbre estructural del cambio climático.

Pero es importante que pasemos de las musas al teatro y definamos de qué estamos hablando. Pues, por ejemplo, resulta sorprendente que, a pesar de la relevancia en la agenda política de la lucha contra el cambio climático, todavía no tengamos una definición clara de qué es verde. Esta terminología se utiliza de manera generalizada por todos nosotros, pero de momento no hay una definición clara y unívoca en el ámbito internacional de a qué llamar verde. Esto es, no tenemos taxonomías o definiciones que podamos utilizar. Necesitamos un lenguaje común, unos indicadores y una metodología de trabajo homologada que pueda ofrecer previsibilidad tanto a los emisores y captadores de financiación como a los inversores. Sería interesante, pues, poder contar pronto con una definición de lo que es verde, y también con una fiscalidad “verde”, para aprovechar todo el potencial del fondo europeo destinado a la transición ecológica, de un importe cercano a los 100.000 millones de euros, según lo anunciado. La participación en este fondo requerirá, asimismo, estrechar la cooperación público-privada en nuestro país.

En este ámbito de la necesidad de certidumbre, uno ve con cierta preocupación que, en el brainstorming sobre el cambio climático, haya más tormenta que ideas. Esto es, la velocidad del debate y los deseos de acción van muy por delante del conocimiento que tenemos del problema. Hay que arrojar luz a este proceso de transición, porque todos, empresas, entidades bancarias, compañía de seguros, inversores, y el público en general, necesitan tener una visión más clara de cómo las autoridades están gestionando las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad

Los desafíos relacionados con el cambio climático exigirán amplios consensos políticos y sociales e incluso intergeneracionales. Pensemos que una estrategia pública de lucha contra el cambio climático debería mantenerse vigente en sus grandes líneas durante los próximos veinte o treinta años. Un periodo en el que los jóvenes millennials, que hoy están empujando con sus acciones y demandas este cambio, se irán incorporando al mundo de la empresa y la política para ser ellos los encargados de darles un impulso definitivo.

Las autoridades públicas deben también facilitar el diálogo social que conduzca a un nuevo contrato social asociado a la economía sostenible del futuro. No nos podemos llamar a engaño: la transición a un modelo económico más sostenible conlleva costes que habrá que repartir entre los distintos estratos de la sociedad. Es por ello por lo que resulta fundamental que se utilice la palanca del amplio apoyo social a la lucha contra el cambio climático para lograr definir un reparto de costes equitativo y proporcional. Y para aceptar que van a ser necesarios profundos cambios en nuestro estilo de vida si queremos converger hacia modelos de desarrollo más sostenibles.

Por último, quiero referirme al sector financiero. No es necesario motivarnos más, pues entendemos perfectamente la urgencia del desafío al que nos enfrentamos y las consecuencias que se derivarían del fracaso en la lucha contra el cambio climático. Pero, al mismo tiempo, a veces sentimos que hay demasiada unilateralidad en las exigencias que se nos hace, sin que se reconozcan las limitaciones en el conocimiento que tenemos todos, sector público y sector privado, tanto del impacto del cambio climático como de las medidas que se han de poner en marcha para luchar contra él.

Toda institución financiera depende de la demanda de sus clientes, bien para financiar proyectos concretos, bien para invertir sus ahorros en determinados productos o para cubrir contingencias futuras mediante seguros. Nuestro negocio está dirigido por la demanda (demand-driven, utilizando el término anglosajón). En cierta manera, el balance de las instituciones financieras es el reflejo de las decisiones que han tomado las familias y empresas en las últimas décadas. Esto es, son el espejo del modelo de economía y sociedad con el que nos hemos dotado como ciudadanos. En una versión algo distinta, pero a la que subyace esa misma visión errónea de la actividad financiera, se echa en cara que las instituciones financieras, los bancos, no financien la lucha contra el cambio climático. Estas críticas ignoran algo tan elemental como es que los bancos no determinan, ni ayer ni hoy ni mañana, cómo se financia la economía: simplemente atienden y evalúan las peticiones de crédito de sus clientes. Por tanto, no deciden el destino de sus préstamos, pues esa decisión la toman sus clientes. Por mucho que la oferta de crédito esté preparada para afrontar los desafíos del cambio climático, si la demanda no se adapta a esas necesidades nuevas no servirá de nada.

Entre todos, por tanto, tendremos que reorientar e incentivar la demanda de crédito hacia esos cambios que nos proponen hacer y, cuando eso ocurra, las entidades financieras españolas -se lo aseguró- estarán ahí para atender adecuadamente esa demanda. Y no sólo eso. Nuestras entidades están trabajando ya para incorporar el riesgo climático en su toma de decisiones y en la evaluación de sus carteras, lo que, sin duda, permitirá ir cambiando paulatinamente la composición de estas hacia inversiones más respetuosas con el medio ambiente. Pero el sector financiero no puede acometer este enorme esfuerzo en solitario. Todos los sectores, en particular los más contaminantes, tienen que estar implicados en esta transición, mientras que las autoridades, por su parte, deben eliminar obstáculos e incertidumbres poniendo las bases legales de esta transformación. Sólo en ese contexto el sector podrá cumplir su papel de facilitador del cambio.

Para concluir, sólo quiero insistir en que es preciso imprimir una mayor velocidad al cambio, a través de una acción decidida, pero sin precipitaciones ni improvisaciones que puedan poner en peligro la estabilidad financiera o la exclusión de segmentos sociales, sectores económicos o áreas geográficas enteras. Para ello necesitamos parámetros homogéneos y claros, con métricas bien establecidas, que doten de transparencia y credibilidad a la acción de empresas y gobiernos y nos permitan así avanzar con la mayor certidumbre posible, sin crear agravios comparativos ni vulnerar las reglas de la competencia. Como ya en dicho, la inacción sólo nos puede llevar a incurrir en costes, los costes de la parálisis entre dos modelos de producción, sin obtener beneficio alguno ni del viejo mundo que estamos dejando atrás ni del nuevo al que nos encaminamos. Por todo ello, empecemos a caminar ya. No perdamos ni un minuto más.

José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca

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