La hora de los fontaneros

Una de las pocas sorpresas positivas de la crisis de la Covid 19 ha sido el avance que se ha producido en la lucha contra el cambio climático. Durante el último año hemos visto cómo se concretaba el compromiso no sólo de las empresas privadas, sino también, de las autoridades de todo el mundo, ya sean gobiernos, bancos centrales, supervisores financieros u organizaciones multilaterales.

Pero a medida que avanzamos, deberíamos imprimir un giro radical en el enfoque de nuestra lucha por hacer un mundo más justo y sostenible, de manera que pasemos, sin más dilación, de las afirmaciones generales a dar pasos específicos. Necesitamos menos apostolado por parte de las autoridades y más avances de carácter técnico en áreas de medición y comparabilidad. De lo contrario, los mismos que ahora predican la lucha contra el cambio climático podrían convertirse en poco tiempo en los responsables del fracaso de este proyecto. Es hora de dejar atrás las consignas y empezar el trabajo duro. Es hora de cambiar los apóstoles por los fontaneros y ponernos manos a la obra.

Como presidente de la AEB, lo primero que tengo que decir es que los bancos españoles se están marcando objetivos y plazos muy exigentes en el terreno de la economía sostenible. Sería muy prolijo enumerar todos los proyectos y objetivos que se han propuesto, pero lo que parece ya un clamor en el sector empresarial es la petición a los gobiernos para que tomen las riendas de este asunto y, de forma coordinada, empiecen a unificar líneas de actuación a fin de hacer esta transición más sencilla y menos onerosa.

No es la falta de iniciativas y regulación lo que está fallando. Por el contrario, la avalancha de estándares, índices y modelos de reporting puede crear confusión. En este terreno, las autoridades europeas se están mostrando especialmente activas. El pasado el 21 de abril, la Comisión Europea adoptó un paquete de medidas muy ambicioso para ayudar a mejorar el flujo de dinero hacia actividades sostenibles en toda la Unión Europea. Estas normas pretenden, por una parte, igualar la información sobre sostenibilidad a la información financiera y, por otra, avanzan en los requisitos para determinar qué inversión puede considerarse verde o sostenible, la denominada taxonomía climática. El sistema cubrirá 13 sectores, desde la energía renovable al transporte o la construcción, pero se han quedado fuera el gas natural y la energía nuclear, ante la falta de consenso entre los Estados Miembros. Aunque entendemos que se trata de un” documento vivo”, como dice Bruselas, sin embargo, es preciso aterrizar de una vez por toda esta taxonomía verde en la que la UE lleva trabajando más de dos años.

También en España se ha producido un avance importante con la aprobación, el pasado 8 de abril, por el Congreso de los Diputados de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la primera norma de este tipo con la que contará España. A pesar de este avance, es necesario aclarar cómo se van a coordinar los distintos niveles de las Administraciones Públicas involucrados.

Asimismo, los bancos centrales se han implicado en la regulación y práctica supervisora de estos riesgos, conscientes del peligro sistémico que el cambio climático implica para la estabilidad financiera. Este año, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo llevarán a cabo las primeras pruebas de esfuerzo sobre la exposición de sus bancos a peligros como los desastres climáticos o el declive de la industria pesada y las energías tradicionales. Por su parte, el Banco de España va a verificar que las entidades incorporen los riesgos medioambientales en sus estrategias y seguimiento de riesgos. En EEUU, la Reserva Federal también ha prometido que el cambio climático jugará un papel más importante en sus pruebas anuales de solvencia. El regreso de EE UU a primera línea de la lucha contra el cambio climático, escenificado en la reciente cumbre virtual convocada por el presidente Biden, dará, sin duda, un impulso global a este proceso.

Estos ejemplos permiten colegir la abrumadora tormenta de ideas, leyes y requerimientos que está recayendo sobre las entidades bancarias en materia de lucha contra el cambio climático. Sin embargo, sería deseable disponer de menos normas, que fueran de ámbito internacional y también más sencillas para no ahogar la innovación y la iniciativa privada. Por otro lado, es necesario que la regulación incentive no solo al sector financiero, sino al sector productivo, y en particular a sus partes más débiles, como las industrias más contaminantes o las pequeñas y medianas empresas. No podemos dejar a nadie atrás y para ello es preciso sentar las bases de un nuevo contrato social, que permita un reparto justo de los costes de esta transición.

Por fortuna, la sostenibilidad es uno de los tres ejes sobre los que gira el programa Next Generation, con el que la CE se propone relanzar la recuperación de la economía de la Unión tras la crisis de la Covid.19. El programa representa para España una enorme oportunidad para modernizar su tejido productivo, que no puede malgastar. Nuestros bancos tienen mucho que aportar al desarrollo de este programa, pues conocen las empresas y pueden llegar a ellas con gran rapidez y eficacia, como demostraron al llevar alivio financiero a más de 600.000 empresas con créditos avalados por el ICO. En suma, es hora de ponernos manos a la obra. Es la hora de los fontaneros.

José María Roldán, presidente de la AEB

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