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En la Unión Europea se está produciendo un cambio sin precedentes en materia climática. El impulso regulatorio ha sido un importante catalizador para que las grandes empresas hayan dado un vuelco a su estrategia para capitalizar las oportunidades inherentes a la transformación derivada del cambio climático. Por su parte, los bancos no solo están tratando de adecuarse para financiar esta transformación y capturar las oportunidades que surjan de este proceso de alineación hacia una economía descarbonizada, sino que la regulación financiera, empeñada en promover la transparencia, limitar el ecopostureo (greenwashing) y velar por la estabilidad financiera, pone a las entidades en el centro de un puzle, donde deben esforzarse por mitigar los riesgos climáticos con la misma exigencia con la que supervisan otros parámetros financieros.
Al mismo tiempo, las señales en nuestro entorno son claras: la decidida apuesta de los fondos de recuperación europeos hacia los proyectos ligados a la sostenibilidad (que en el caso de España se eleva hasta un 40% según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia); el fuerte compromiso del sector financiero en la COP 26 a través de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero; el imparable aumento de los precios de los derechos de emisión de CO2 en los mercados internacionales como la manera más eficiente de avanzar en la reducción de emisiones; el Fit for 55 de la Comisión Europea o la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España, son signos contundentes que sugieren mirar más allá de la rentabilidad y del corto plazo.
Sin embargo, en este complejo ecosistema todavía falta un actor clave para que esta transformación ligada al cambio climático suponga una auténtica revolución: la pequeña y mediana empresa, un segmento que representa más del 96% del tejido productivo español. Aunque hay que considerar la heterogeneidad de empresas que conforman este segmento empresarial, en general, todas perciben la sostenibilidad bajo un prisma similar y adolecen de problemas comunes sobre los que hay que trabajar antes de exigirles que se integren en este proceso de cambio.
En primer lugar, las pymes tienden a ligar la sostenibilidad únicamente a la eficiencia energética y, aun así, un porcentaje muy significativo es insensible al impacto que la descarbonización tiene sobre su posición competitiva. Además, de acuerdo con algunas encuestas de CEPYME y otras de elaboración propia, más del 50% de las pymes considera que la sostenibilidad puede ser una moda pasajera que a corto plazo exige un esfuerzo en costes superior a los potenciales beneficios a medio plazo. En tercer lugar, muchas han optado por esperar a disponer de un marco regulatorio estable y consolidado y confían en un sistema de incentivos con ventajas fiscales. Por último, en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la UE, las pymes creen que el grado de sensibilidad ante las consecuencias adversas del cambio climático no modificará sus condiciones financieras en los próximos años.
Existen multitud de razones que explican este tímido acercamiento de las pymes hacia la descarbonización de la economía. Entre otras, es importante relativizar la importancia de la sostenibilidad en un entorno económico tan complejo e incierto como el que define a la economía española en este momento. Por ello, para que la sostenibilidad se integre en el mapa de decisiones de las pymes en un entorno como el actual, es absolutamente necesario un cambio de mentalidad de las empresas de forma que se insista en la oportunidad que brinda la captura de nuevos nichos de mercado y en la mejora los costes productivos y financieros, en lugar de centrarse en los riesgos derivados del cambio climático.
Asimismo, es fundamental consolidar el marco regulatorio, con sendas de alineación sectoriales claras y gestionables a medio y largo plazo y con un adecuado sistema de incentivos alineados con el objetivo de cero emisiones, para que las pymes puedan adaptarse con convicción y transparencia y no solo por cumplimiento. Mientras el andamiaje regulatorio siga incompleto, habrá una propensión a retrasar cualquier decisión, incurriendo en una pérdida de tiempo o timewashing, que se sumará a la larga lista de riesgos climáticos. Finalmente, es clave desvincular la sostenibilidad de palabras huecas y carentes de sentido y sin fundamento, utilizadas, frecuentemente, con fines políticos.
Ahora bien, mientras se trabaja para asfaltar el camino que llevará a mitigar los efectos adversos del cambio climático y gestionar los aspectos sociales derivados de esta transición, las pymes deben preguntarse si vale la pena hacer un esfuerzo por anticiparse y estar preparadas. No solo por prudencia, sino por un interés genuino de generar un impacto positivo en el entorno que les rodea.
Las grandes compañías ya han declarado su firme intención de contribuir a mitigar el cambio climático y, más pronto que tarde, comenzarán a exigir a sus proveedores un certificado de adaptación. Por su lado, el sistema bancario ha demostrado en la COP26 que está preparado para financiar esta transformación, con lo que las pymes deberían explorar qué significa para ellas esta oportunidad, pues de lo que no cabe la menor duda es que el sector bancario español quiere asesorar, acompañar y financiar el interés de cualquier empresa por avanzar en la senda de la sostenibilidad.
Juan Carlos Delrieu, director de Estrategia y Sostenibilidad