Todavía no hay una definición clara y generalmente aceptada de qué son las finanzas sostenibles. Encontrarla es la clave del éxito para canalizar las inversiones hacia proyectos que tienen en cuenta consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza.
Las finanzas sostenibles parecen estar de moda para alegría de los profesionales dedicados a la sostenibilidad. Cada vez interesa a más personas. ¿Pero qué son exactamente? Como todas las preguntas sencillas de formular, no tiene una respuesta fácil. Al igual que en el caso de la Sostenibilidad o de la Responsabilidad Social Corporativa, no hay una definición clara y generalmente aceptada de qué son las finanzas sostenibles. Encontrarla es la clave del éxito.
Dejando a un lado las diferentes visiones de los expertos, la definición más relevante en estos momentos es la de la Comisión Europea (CE), que está ejerciendo el liderazgo más claro para impulsar esta materia. Para el Ejecutivo comunitario, la financiación sostenible es “la provisión de financiación para inversiones teniendo en cuenta consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza”. En primer lugar, esta definición tiene un claro componente ‘verde’ para mitigar los efectos del cambio climático y de todo el proceso de adaptación de las empresas y ciudadanos al mismo. En segundo lugar, tiene un componente social para asegurar un desarrollo que incluya a todos y no deje a nadie atrás. Finalmente, tiene un aspecto de gobernanza, de cómo las empresas se organizan y rinden cuentas de forma transparente y con visión de largo plazo a la hora de llevar a cabo su actividad.
De estos tres componentes de la definición de finanzas sostenibles, estrechamente relacionados entre sí, el factor medioambiental o verde es el que está ocupando las medidas más urgentes del plan de la Comisión Europea publicado en marzo. Fruto de dicho plan, a finales de mayo se lanzaron las cuatro primeras propuestas legislativas, entre las que destaca el desarrollo gradual de una taxonomía, o clasificación, de la UE para el cambio climático y actividades socialmente sostenibles, basada en el informe final del grupo de expertos publicado en enero y de otros organismos.
El objetivo es establecer criterios armonizados para determinar con claridad si una actividad económica o una inversión es sostenible, con una clasificación común en toda la UE que proporcione a las empresas e inversores un lenguaje común para identificar esta sostenibilidad. Este es un primer paso esencial en los esfuerzos para canalizar las inversiones y evitar “el postureo verde” que tanto daño hace a la credibilidad de las entidades que apuestan fuerte por este tipo de financiación.
Con ese propósito, entre otros, se ha creado otro grupo de expertos que ayudará a la Comisión a desarrollar esta taxonomía y en el que el sector financiero echa en falta un mayor peso de representantes de la banca minorista y corporativa, ya que, además de inversión sostenible, es necesario hablar de proyectos de financiación. Y en Europa el 80% de la financiación proviene de los bancos.
Lo verde no cobra solo relevancia en Europa. La nueva ministra de Energía y Medio Ambiente, Teresa Ribera, acaba de anunciar que llevará la -tan esperada por todos- Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCYTE) al Congreso antes de fin de año. Aunque lamentablemente aún no ha sido posible ver un borrador de la ley, seguro que establece por fin los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de energías renovables y de eficiencia energética; compromisos asumidos por España en los acuerdos internacionales de referencia con la adopción de la Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo Climático de París.