La importancia de la transparencia para impulsar el desarrollo de las finanzas sostenibles

La invasión de Rusia en Ucrania y la consiguiente crisis energética ha obligado a algunos países a poner en marcha medidas transitorias que pueden dar la impresión de estar frenando el empeño por consolidar las finanzas sostenibles. Sin embargo, este entorno tan complejo no ha impedido que, atendiendo a los activos gestionados bajo criterios de sostenibilidad, la evolución del mercado a nivel nacional haya mantenido la tendencia de años anteriores. En concreto, los préstamos verdes, junto con los ligados a proyectos con un carácter eminentemente sostenible; los préstamos ligados a indicadores de sostenibilidad sumaron en España 32.631 millones de euros en 2022, con un incremento del 64% según los datos disponibles en el Observatorio Español de Finanzas Sostenibles.

La normativa europea también contribuyó en 2022 a impulsar la transparencia y la confianza de los inversores. Por un lado, se aprobó la Directiva de Información de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés), con la que se pretende mejorar la información disponible para los participantes en los mercados y para los supervisores. Con esta iniciativa se busca reforzar y estandarizar las normas de información no financiera para más de 50.000 empresas que operan en Europa, incluidas las grandes y las medianas sujetas a cotización de más de 250 empleados, si bien para estas últimas se desarrollarán estándares más sencillos. De hecho, a finales de 2022 el Grupo Consultivo Europeo de Información Financiera (EFRAG) aprobó las versiones actualizadas de las Normas Europeas de Información de Sostenibilidad (ESRS), lo que facilitará la presentación de informes corporativos detallados sobre una base de datos armonizados comparables y de calidad, con auditorías independientes y procesos de certificación. Por el otro lado, para el cliente, también se aprobó la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID II, por sus siglas en inglés) en la que se incorporan preguntas a los clientes para definir sus preferencias sobre los productos financieros sostenibles, lo que ha llevado a los bancos a realizar un esfuerzo considerable entre sus empleados para poder atender adecuadamente las necesidades de sus clientes.

Desde la óptica de la gestión del riesgo, el Banco Central Europeo (BCE) publicó los resultados de la Revisión Temática ligada a la gestión del cambio climático poniendo de manifiesto, entre otros argumentos, que la mayoría de las entidades dependen en exceso de proxis para cuantificar las emisiones de sus clientes debido a la falta de información granular para gestionar los riesgos climáticos. Aun así, la evaluación del BCE puso de manifiesto que el 85% de los bancos europeos tienen prácticas básicas para la identificación, gestión y gobernanza de los riesgos físicos y de transición que presentan sus clientes, aunque deberían avanzar en el desarrollo de metodologías más sofisticadas. En cualquier caso, el BCE espera que las entidades hayan incorporado las expectativas supervisoras a finales de 2024.

Ahora bien, nada de esto ha mitigado la preocupación por resaltar la importancia de la divulgación y la transparencia en las decisiones financieras de los inversores dispuestos a contribuir hacia una economía descarbonizada. Por ello, en mayo de 2022, la Comisión Europea solicitó la aportación de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (ESA, por sus siglas en inglés) un diagnóstico sobre este fenómeno que las propias autoridades definieron como el conjunto de prácticas de mercado sobre la divulgación de sostenibilidad que no reflejan adecuadamente los riesgos e impactos de sostenibilidad asociados a un emisor o instrumento financiero.

Sin embargo, no fue hasta la COP27 cuando se puso de manifiesto la preocupación de las instituciones y de los reguladores internacionales sobre el greenwashing a través de un artículo avalado por el Grupo de Expertos de Alto Nivel de Naciones Unidas, Integrity Matters, en el que se cuestiona que los compromisos climáticos planteados voluntariamente por las empresas e instituciones financieras sean suficientemente creíbles. La razón de estos expertos es que el crecimiento de los compromisos planteados por el sector privado ha ido acompañado de una proliferación de criterios y puntos de referencia para establecer compromisos de cero emisiones netas con distintos niveles de solidez y rigor, lo que puede llegar a dañar la confianza de los inversores.

En noviembre de 2022, las autoridades europeas de supervisión lanzaron una consulta a todos los agentes interesados con el objetivo de mejorar el entendimiento del concepto, lo que ha supuesto que el greenwashing vuelva a estar en el centro del debate. Las posibles casuísticas de este fenómeno responden fundamentalmente a cuatro factores: ambigüedad del concepto, el papel de los participantes del mercado, los diferentes estándares sobre los que se aborda la divulgación o la falta de información adecuada. Cuando estos factores se combinan entre sí, el resultado es todavía más complejo, por lo que es necesario acotar este riesgo a través de una definición consensuada y comprensible, a prueba de acontecimientos imprevistos, como la guerra en Ucrania o el deterioro de las condiciones económicas, que facilite que las empresas se puedan adaptar a nuevos contextos sin ser penalizadas o acusadas de ecoblanqueo. Por ello, una iniciativa como la que se ha planteado por las instituciones supervisoras, no se concibe adecuada si se concentra únicamente en el sector financiero pues perdería eficacia y exhaustividad.

Frente a esta forma de entender el problema, el marco regulatorio diseñado para el desarrollo de las finanzas sostenibles en la UE debe finalizarse y dejar que madure antes de pensar en un nuevo conjunto de normas que haga más complejo el escenario. De hecho, en algún momento, las piezas de este engranaje regulatorio comenzarán a adaptarse y la férrea aplicación regulatoria generará poco margen para el incumplimiento, por lo que los objetivos perseguidos por el Plan de Acción de las Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea emergerán con naturalidad.

Asimismo, resulta esencial que el concepto greenwashing se acote a actos en los que se produce negligencia grave en el cumplimiento de una determinada regulación o bien que refleje una cierta intencionalidad de incumplimiento. En cualquier caso, sería importante aceptar que los compromisos voluntarios a largo plazo asumidos por las entidades financieras que lideran esta transformación, no solo se apalancan en sólidos marcos y normas mundiales, sino que están bajo la evaluación y el escrutinio de organizaciones internacionales tan reconocidas como UNEP- FI (United Nations Environmental Programme Financial Initiative) o GFANZ (Glasgow Financial Alliance to Net Zero), por lo que no debería desconfiarse de los objetivos marcados por estas entidades.

 Evitar daños colaterales

Considerando que la presión contra el ecoblanqueo tiende a concentrarse, paradójicamente, en aquellas empresas que muestran con más transparencia sus planes de descarbonización, este escrutinio de lavado verde podría generar dos efectos secundarios negativos. Por un lado, un efecto de salida, especialmente teniendo en cuenta la duración del compromiso, la diversidad de actores involucrados y la complejidad del contexto geopolítico que estamos previendo actualmente. Un impacto que supondría dejar de contribuir a los compromisos climáticos anunciados previamente. Por ello, sería deseable trabajar más desde el punto de vista de generar los incentivos adecuados para el cumplimiento. Por otro lado, un efecto silencioso, que se viene acuñando en el término green hushing para evitar acusaciones de lavado verde, lo que supondría que los compromisos climáticos se mantienen pero las instituciones financieras dejarían de darle visibilidad pública. En cualquier caso, estos efectos son contraproducentes y podrían llevar a una pausa en la ambición de las instituciones financieras de luchar contra los efectos del cambio climático.

En definitiva, es esencial proteger a las instituciones financieras de acusaciones de lavado verde sin fundamento, pues aumenta los riesgos reputacionales y tienen un impacto en el nivel de confianza en los mercados financieros. Por ello, a pesar de los obstáculos ligados a una adecuada falta de datos o de una regulación incompleta y, a veces, inconsistente, el sector financiero es sensible al riesgo reputacional que supone la presión por evitar el greenwashing, por lo que la mejor manera de avanzar sin el riesgo de frenar el avance de las finanzas sostenibles es soportar las decisiones financieras en datos de calidad, comparables entre empresas y ajustados a un marco regulatorio predecible, consistente y sin ambigüedades.