El 27 de marzo de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 60/252, en la cual se proclamaba el 17 de mayo Día Mundial de la Sociedad de la Información (#diadeinternet) para promover el buen uso y difundir los enormes beneficios que brindan Internet y las tecnologías digitales para todas las personas.
En cada una de las ediciones el Comité de Impulso (CI) del Día de Internet, conformado por más de 50 organizaciones sociales, entre las que figura la Asociación Española de Banca, elige un tema sobre el que centrar las acciones y actividades para celebrar la efeméride.
El tema elegido para la edición de 2023 es ‘Ciudadanía digital: Derechos y oportunidades‘ aprobado por unanimidad en la primera reunión del Comité de Impulso. Con este motivo nace este Decálogo de medidas para impulsar el acceso y el uso de las tecnologías digitales en nuestra sociedad y situar a las personas en el centro de un mundo cada vez más digitalizado.
Manifiesto
1. Situar a las personas y sus derechos en el centro.
Velar porque los nuevos espacios digitales sean espacios de derecho. Se deben respetar los derechos ya existentes en el mundo analógico y trabajar para impulsar los derechos que nos demanda este ámbito, como el derecho a la privacidad, al olvido, a la desconexión digital o a la no discriminación algorítmica, tal y como se recoge en la Carta de Derechos Digitales de España.
2. Aumentar y garantizar la accesibilidad y, por tanto, la inclusión de las personas.
La inclusión de todas las personas exige garantizar la accesibilidad, que es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y de la forma más autónoma y natural posible.
3. Garantizar la seguridad y protección de las personas en el entorno digital.
Promover el uso seguro de las tecnologías digitales para los ciudadanos que les permita reforzar su confianza en el ámbito digital, atendiendo al nivel de conocimientos o cercanía hacia la tecnología de colectivos específicos, como es el caso de las personas mayores. Para ello, será necesario dotarles de conocimientos, habilidades y herramientas en materia de ciberseguridad, a través de proyectos, campañas de concienciación y capacitación y servicios de soporte especializados, que les ayuden a la hora de incorporar medidas y hábitos con los que incrementar su nivel de protección frente a las amenazas de Internet.
4. Alfabetizar y capacitar para el uso de las tecnologías en los desempeños de las personas.
Fomentar políticas públicas para la difusión, dotación y reconocimiento de los centros de competencias digitales, sus profesionales y las redes de las que forman parte como espacios de referencia en España donde la ciudadanía puede adquirir y practicar de forma libre y gratuita las habilidades digitales necesarias para el desempeño de sus derechos y metas personales y profesionales. El papel de estos espacios/recursos es fundamental en la creación de un ciudadanía crítica y reflexiva que pueda abordar los retos de la transformación digital y, a la vez, han de ser reconocidos como espacios públicos esenciales en la garantía del cumplimiento de los derechos digitales de la ciudadanía.
5. Promover una Inteligencia Artificial ética, transparente y responsable.
Desarrollar una IA ética que genere confianza y transparencia en su uso para potenciar el efecto positivo que puede tener en la sociedad y en la economía. Prestar especial atención en áreas como privacidad y protección de datos, salud, servicios públicos o entorno laboral, evitando la discriminación y los sesgos por diferentes causas. Empoderar a los ciudadanos para que puedan beneficiarse de las ventajas que aporta la tecnología y poder tomar sus propias decisiones. Facilitar la supervisión e intervención humana en decisiones que produzcan efectos en su esfera personal y patrimonial.
6. Facilitar el acceso a la administración digital.
Una administración digital debe promover, velar y apostar por los datos y estándares abiertos, así como por la colaboración y el entendimiento de las tecnologías digitales junto a la sociedad civil y las empresas, facilitando una ciudadanía digital que evite el asistencialismo tecnológico y que impulse medidas de empoderamiento y capacitación digital de sus ciudadanos, particularmente de los más vulnerables, como son las personas con discapacidad, los mayores y otros colectivos en riesgo de exclusión digital.
7. Contribuir al desarrollo sostenible y a la implicación de todos los agentes.
Capacitar y actualizar a los ciudadanos de manera que sean conscientes del desarrollo tecnológico según les afecta y hagan uso de las nuevas tecnologías de una manera sostenible desde el punto de vista medio ambiental, pero también desde el punto de vista de un desarrollo humanista de la misma.
8. Impulsar los derechos digitales en los nuevos desarrollos normativos.
Prestar especial atención a las nuevas reformas legislativas, apoyándolas y dotándolas de los adecuados recursos que las hagan viables y efectivas en el contexto digital para todos los ciudadanos.
9. Promover la participación en el entorno digital.
Partir del respeto pleno del derecho a la dignidad, libertad, intereses y preferencias. Impulsar una participación y una vida social efectiva de manera que todas las personas, estén contextualizadas en la Sociedad Digital y puedan ocupar el papel que les corresponde, en igualdad de condiciones y sin discriminaciones.
10. Dotar de los recursos necesarios para llevar estos principios a la práctica.
Desarrollar políticas y acciones que faciliten el acceso a los equipos, aplicaciones, conectividad, formación e información necesarios para la vida digital de todas las personas. Implementar planes con suficiencia de recursos, que estén garantizados en el tiempo y que se comprometan formalmente. Prestar especial atención a los colectivos con mayor riesgo de exclusión y promover las oportunidades derivadas de una ciudadanía digital plena.