En su intervención en el ’30 Encuentro financiero’ de Deloitte y ABC, Kindelán ha adelantado algunos datos del balance de situación de la ‘hoja de ruta’ firmada hace un año por las tres asociaciones bancarias (AEB, CECA y Unacc).

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IVIE, con el profesor Joaquín Maudos al frente realizó entonces un mapa de situación e identificó 243 municipios sin punto de acceso a servicios financieros.

Un año después de adquirido el compromiso, tras la puesta en marcha de licitaciones públicas (con elecciones de por medio), firma de convenios de colaboración y la disposición de las entidades…el 93% de esos municipios tienen -o está ya licitado- ese punto de acceso; a través de cajeros, ofibuses, oficinas, agentes financieros y oficinas de correos.

Sobre la mejora de la atención personalizada a los mayores, ha subrayado que el sector combina la atención especifica a determinados colectivos y la transformación digital, por lo que redobla esfuerzos en materia de capacitación digital y educación financiera, «para que quien quera pueda y nadie se quede atrás».

Entre las mejoras a la atención presencial a los mayores ha destacado el aumento del número de oficinas con servicio ampliado de caja de 9 a 14 horas, hasta el 82,2%. En el primer semestre, 5,6 millones de personas han sido atendidas de manera preferente, y más de 2 millones por teléfono.

«Estamos comprometidos con los retos del país, como la despoblación en el medio rural y el envejecimiento de la población», ha asegurado, convencida de que «la banca cumple sus compromisos» y de que «la colaboración público-privada es fundamental».

En este sentido, ha destacado que también son esenciales los acuerdos de colaboración con entidades y asociaciones, como la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), SECOT, la Fundación Telefónica o Somos Digital, entre otras.

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¿Podemos creer que han pasado ya las turbulencias sobre la banca generadas por las crisis del Silicon Valley Bank y el Crédit Suisse o es mejor ser prudentes?

Las condiciones financieras de la economía han cambiado radicalmente en muy poco tiempo. Han subido los tipos de interés fuertemente. De lo que tenemos que estar seguros en España es de que tenemos un sector bancario bien preparado para hacer este cambio. Tenemos un modelo de banca muy comercial, que no tiene nada que ver con bancos como el Silicon Valley y los problemas del Crédit Suisse, que tenía dificultades en los últimos años en cuanto a rentabilidad. La banca española está mostrando solidez y rentabilidad y unos balances muy sólidos, con una diversificación enorme. El Silicon y algunos otros han quebrado por su modelo de negocio. Estamos bien preparados.

¿Se pueden reproducir fenómenos como el del Silicon Valley?

El mercado es muy grande. Estos son fenómenos internacionales. Vinieron de fuera. Nosotros partimos de la base de un sector financiero sólido, saneado, rentable.

El sector ha sido muy beligerante con el impuesto a la banca, pero los resultados del primer trimestre han sido muy buenos. ¿Cómo justifica esa contradicción?

Venimos de una década de tipos de interés negativos. Ahora, el cambio en las condiciones hace que se normalicen los tipos y también los niveles de rentabilidad. Hay que entender las grandes cifras, los 20.000 millones de beneficio de 2022. Comprendo que llaman la atención, porque es una cifra muy grande en un momento en que hay inflación y desaceleración económica. Tenemos bancos aquí que son de los primeros del mundo y generan una parte muy importante de sus beneficios fuera. En el caso del Santander, el 85%. El BBVA dijo el 65%/70%. Al final, el total es el 42%, que hay que quitarlo. Del resto… La mitad del beneficio que se genera se acumula para poder tener reservas y poder seguir prestando a familias y empresas. La otra mitad del beneficio se reparte en dividendos que se distribuyen en 5,6 millones de accionistas, muchos de ellos muy minoristas y que complementan su renta con ese dividendo. La banca española es en Europa el sector que más impuestos paga. El 51% de los beneficios de la banca española va a impuestos. Si incorporamos el nuevo gravamen, nos vamos a más del 60%. Cuando surgió la propuesta de ese impuesto, dijimos que era arbitrario y que estigmatizaba al sector. Lo que nos dice el supervisor es que la subida de tipos te puede ayudar en los márgenes a corto plazo, que es lo que está sucediendo ahora, pero insiste en que en un contexto de incertidumbre también hay efectos negativos para los bancos de esa subida de tipos que pueden verse ahora, como tener menos actividad. Ya estamos viendo que se está desacelerando el crédito, más mora, aunque está en mínimos, con lo que hay que hacer provisiones que quitan resultados. El regulador nos pide prudencia. En este contexto, ¿nos parece bien un impuesto a la banca? Pues no.

¿Qué puede hacer la banca para mejorar la financiación de los jóvenes en el acceso a la vivienda?

En España tenemos un mercado hipotecario que funciona muy bien, tan bien que el índice de acceso a la vivienda en propiedad es del 75%, y eso se debe al dinamismo del mercado hipotecario. En cuanto al acceso para los jóvenes, creo que se están planteando fórmulas que nos parecen acertadas. Lo que tenemos medido es que hay una parte importante de los jóvenes de entre 25 y 35 años que pueden pagar una cuota hipotecaria pero que no pueden pagar la entrada.

Claro, ahora la banca solo da el 80% del préstamo y no el 100% o el 120% de antes de la Gran Recesión.

Eso ya pasó. Fue una época de exceso. Ahora, lo normal es el 80%. Cubrir ese 20% con ahorro es difícil para los jóvenes. Solo el 3% de los jóvenes en la citada franja de edad pueden pagar esa entrada y, en cambio, más del 40% de ellos pueden pagar la cuota. ¿Cómo afrontar esta situación? Pensamos que las fórmulas que se plantean, como un aval, es por donde hay que ir.

¿Veremos más fusiones en España en los próximos tiempos?

Hemos tenido un proceso de consolidación muy fuerte en la última década. El sector se ha reconfigurado y ahora tenemos un nivel de concentración que diría que está en la media cuando vemos las comparaciones internacionales. Tenemos un nivel de competencia muy bueno y entidades eficientes. En general, no creo que haga falta más concentración, aunque esto es una decisión de cada uno.

El cierre de oficinas es un goteo constante todos los meses y la exclusión financiera gana terreno. ¿Se va a detener esa política o la digitalización nos va a llevar a un mundo casi sin contacto físico con nuestra entidad financiera?

Los mayores son los que nos piden más esa atención física. Con el covid, se aceleró el proceso de digitalización. Pero a la salida de la pandemia, el sector se dio cuenta de que no toda la población podía seguir ese ritmo. Tenemos un compromiso público de tomar una serie de medidas, como abrir el horario de atención en caja de nueve a dos de la tarde. Tenemos 6,5 millones de mayores de 65 años que han accedido a nuestro horario de caja ampliado. Tenemos el compromiso de atenderlos por teléfono a través de una persona y no de un robot, ya hay 2,5 millones de llamadas que se han atendido. Hemos hecho una encuesta externa que nos dice que la satisfacción de los mayores de 65 años con estas medidas está entre el 70% y el 75%. Debemos seguir mejorando.

La banca es un gran termómetro sobre la actividad del país. ¿Cuál es su percepción sobre la marcha de la economía española?

Nos está sorprendiendo positivamente. Hace unos meses, todos veíamos una desaceleración mayor de la que se ha producido ahora. Creo que es muy importante ver que el empleo está aguantando bien y que la inflación ha caído más en España que en otros países. Considero que también es importante diferenciar la situación de ahora con la que vivimos en 2012. No tienen nada que ver. Entonces teníamos una recesión, el empleo se había desplomado, el nivel de endeudamiento de las familias y las empresas era mucho más elevado y teníamos una crisis inmobiliaria que parece que ahora no vamos a tener.

Alemania ha entrado en recesión. ¿Habrá contagio a España?

Son economías muy distintas. La economía española tiene un peso de los servicios mayor que la de Alemania, donde hay mayor peso de la industria. El turismo también va muy bien, así como la industria exportadora. Por ahora, lo que estamos viendo es desaceleración. Alemania es el motor de Europa, pero tiene una estructura económica muy distinta a la nuestra y sufre la guerra más que nosotros.

¿Cuánto recorrido le queda al Banco Central Europeo (BCE) con la subida de tipos de interés?

La percepción que tenemos es que la inflación sigue alta y que las señales que nos está enviando el BCE es que va a seguir subiendo tipos. Alguna subida más vamos a ver.

La gran banca española sigue sin remunerar los depósitos de los ahorradores, a diferencia de lo que sucede con sus homólogas europeas. ¿Cuándo cambiará de política?

Siendo una asociación, no podemos hablar de prácticas comerciales, con lo cual puedo decir poco sobre este tema. Venimos de un mundo de exceso de liquidez. Las entidades españolas son las que más están devolviendo liquidez al BCE en este momento. Además, hay una competencia enorme en el sistema bancario español. Ahora, es verdad que estamos en una transición y, a medida que cambien las condiciones, las entidades irán tomando decisiones.

¿No cree que es razonable, ahora que los ingresos suben por el alza de tipos, que compensen a los clientes más conservadores por tener su dinero en el banco después de tantos años sin percibir nada?

No puedo hablar sobre eso. Son prácticas comerciales.

La vivienda parece que va hacia un periodo de freno en precios y operaciones. ¿Hay peligro para las entidades financieras?

Los niveles de solvencia son muy elevados. Y la tasa de mora está en mínimos desde 2008. Lo que sí tenemos que ser conscientes es de que estamos en un momento en el que el objetivo del banco central es luchar contra la inflación. Es una lucha de todos, porque la inflación es un impuesto para todos y, sobre todo, para las clases más vulnerables. El canal de transmisión de la subida de tipos es la banca. El objetivo de la política monetaria es enfriar la economía para bajar la presión de los precios. No hay un problema de oferta de crédito, sino que la demanda se está ajustando a la subida de tipos.

Entrevista realizada por Jordi Cuenca

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La invasión rusa de Ucrania, las restricciones energéticas y la interrupción de las cadenas de suministro han provocado un fuerte incremento de la inflación, que se ha hecho persistente.

Los bancos centrales han respondido con una rápida e intensa subida de los tipos de interés. Esta vuelta a la normalidad después de años a tipos cero e incluso negativos ha contribuido a mejorar la rentabilidad, pero también ha planteado nuevos desafíos, como se ha puesto de manifiesto en las últimas semanas con algunas entidades en Estados Unidos y Europa.

Estos episodios protagonizados por entidades concretas y con problemas específicos son una buena oportunidad para fijarnos y subrayar la solidez del sector bancario español.

Las entidades de la AEB afrontan el nuevo contexto monetario y financiero con un modelo de negocio solvente y sostenible. Una banca comercial minorista, diversificada y rentable para la que el 2022 ha sido un año de crecimiento sano. El aumento de los balances durante el ejercicio se ha basado en el incremento de su actividad típica: los créditos y los depósitos de los clientes.

En nuestros bancos, el crédito representa el 58% de los activos totales, por encima del 49% de media en los sistemas bancarios de la zona euro. Al cierre del ejercicio, el volumen de crédito a clientes alcanzó la cifra récord para los bancos de la AEB de 1,7 billones de euros. Este dato refleja la capacidad del sector para apoyar a millones de familias y empresas a desarrollar sus proyectos para generar riqueza y empleo. Apoyar la inversión es contribuir al progreso de la economía y de la sociedad.

La diversificación es uno de los elementos que caracterizan las fuentes de financiación de nuestras entidades. Los depósitos de clientes, en su mayor parte materialización del ahorro de las familias, representan el 58% del pasivo y su volumen agregado alcanzó los 1,7 billones de euros a fin de 2022.

Los bancos españoles han mantenido durante el pasado ejercicio una rentabilidad superior a la media de la zona euro, caracterizada además por la elevada recurrencia de los ingresos procedentes de su actividad típica, centrada en la banca comercial minorista y menos expuesta que otros modelos de negocio a la volatilidad de los mercados mayoristas.

Especialmente, ha sido el incremento del margen de intereses, el que explica los mejores resultados obtenidos en 2022.

La rentabilidad es la mejor defensa ante la incertidumbre y, en este sentido, los resultados de los bancos AEB en 2022 —19.524 millones de euros— son una buena noticia para el sector y, me atrevo a decir, también para el país. La rentabilidad permite reforzar el capital, seguir concediendo crédito con el que generar más inversión, más empleo, más consumo y más crecimiento. También permite pagar impuestos, y el sector bancario español está a la cabeza de los países europeos en tributación. Permite además remunerar con dividendos a sus más de 5 millones de accionistas, la inmensa mayoría minoristas.

El sector también contribuye a liderar retos para la sociedad como el envejecimiento y la despoblación. Los bancos españoles han mejorado la atención a los más mayores con la ampliación de los horarios de caja, de la que ya se han beneficiado más de 6,5 millones mayores de 65 años, la atención telefónica personalizada, de la que han disfrutado 2,4 millones, o la mejora en páginas web y aplicaciones.

El mismo propósito de compromiso es el que tiene como objetivo llegar a la plena inclusión financiera en la España rural antes de que termine este año, y el que marcó el acuerdo para ayudar a las familias con más dificultades a la hora de afrontar la subida de las cuotas hipotecarias debida al alza de los tipos de interés.

Todo ello acompañado de iniciativas propias y de la colaboración con diversas entidades para mejorar la capacitación digital y la educación financiera a través de los proyectos de la Fundación AEB. Buenos ejemplos son nuestro reciente proyecto «Conectando Mayores» de capacitación digital, o la ampliación, en colaboración con el Banco de España, a los estudiantes de primaria del programa «Tus Finanzas tu Futuro», que en sus nueve ediciones ha formado a más de 50.000 alumnos.

La apuesta por el talento del futuro tiene en CUNEF Universidad un ecosistema de desarrollo ampliado con nuevas titulaciones y un nuevo campus. Estrena presidencia tras una exitosa transformación en universidad privada de referencia. Para ampliar los horizontes de conocimiento y debate público, hemos reforzado el Instituto Español de Banca y Finanzas con un proyecto con el que dar a conocer la función de los bancos en la economía y en la sociedad.

De especial relevancia es el papel del sector a la hora de liderar la transición digital y los retos del cambio climático. Los bancos españoles están a la cabeza en el ranking mundial de experiencia digital de los clientes, muy por delante de sus competidores europeos. El porcentaje de clientes digitales es del 71%, de los que un 90% accede a su banco por móvil. Nuestras entidades continúan a la vanguardia en ámbitos como los pagos electrónicos, donde Bizum está a punto de llegar a los 25 millones de usuarios. Al mismo tiempo, el sector mantiene un compromiso contra la ciberdelincuencia y el fraude, como demuestra nuestra participación en el Plan de Acción contra el Fraude Financiero.

En cuanto a la sostenibilidad, las entidades continúan con su propia transformación y con la determinación de acompañar a sus clientes en la transición. En paralelo, el sector ha impulsado la definición de objetivos climáticos sectoriales a corto, medio y largo plazo como una demostración creíble de su compromiso de avanzar en la descarbonización de los balances en línea con las recomendaciones planteadas en el Acuerdo de París. Adicionalmente, a través del Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España (FINRESP), la AEB, junto al resto de asociaciones del sector, sigue empeñada en divulgar el conocimiento básico para el desarrollo de las finanzas sostenibles con especial atención a las pymes.

En materia regulatoria, desde la AEB seguimos trabajando para contar con un marco normativo equilibrado que permita al sector cumplir su papel con seguridad y eficacia. Por eso hemos recurrido el impuesto a la banca. Consideramos que tiene efectos contraproducentes para la economía y que se ha justificado sobre dos falacias, como son los beneficios extraordinarios y el rescate. Las entidades que hoy son el núcleo del sistema español han aportado más de 30.000 millones al Fondo de Garantía de Depósitos y a la SAREB. También hemos planteado modificaciones en la configuración de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero actualmente en tramitación.

Estos dos proyectos han estado acompañados de un injustificado señalamiento del sector que contrasta con el compromiso económico y social de la banca y su disposición a contribuir en la mejora de la calidad normativa.

Por último, pensamos que la próxima presidencia española de la UE puede ser una buena oportunidad para para completar la Unión Bancaria y que cada entidad, con independencia de su nacionalidad, pueda ser valorada por su solvencia y su fortaleza. Sería un paso definitivo para reforzar la dimensión global de los bancos españoles y europeos.

Vivimos tiempos en los que nuestras economías necesitan todo el apoyo del sector para afrontar retos como la autonomía estratégica y financiera, o la capacidad de competir en un mundo más fragmentado y en rápida transformación. Desde la Asociación Española de Banca estamos dispuestos a colaborar y a aportar nuestra contribución para superarlos.

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Todo ello responde a nuestra misión de servir a la economía real, algo que nunca olvidamos y está plasmado en el Protocolo Estratégico del Compromiso Social y Sostenible de la Banca que sellamos las tres asociaciones bancarias hace un año. Así lo expliqué ayer en el curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.

El cliente está y seguirá estando en el centro de todo lo que hacemos los bancos. Es nuestra prioridad y razón de ser, lo que lleva a una adaptación continua del modelo de atención por los cambios de hábitos de los consumidores y hace imprescindible buscar el equilibrio entre la innovación y el acompañamiento a los que prefieren la atención presencial.

Además de impulsar la revolución digital, el sector bancario juega un papel fundamental en la revolución verde que está en marcha, donde la mayor complejidad no es financiar la economía verde sino la transición de los sectores no sostenibles o más contaminantes. Es necesario contar con reglas claras y homogéneas, disponer de datos y análisis de calidad, intensificar la colaboración público-privada y respetar la transición y los plazos establecidos, porque correr demasiado podría tener efectos indeseados.

El sector bancario está implicado en las grandes transformaciones de nuestra sociedad y atento a las demandas de los clientes, lo que atañe también a los criptoactivos, por lo que no puede ser ajeno a esta realidad. En España el 12% de los adultos posee criptoactivos. Hace falta una respuesta regulatoria coordinada y equilibrada en este ámbito que acote los riesgos sin menoscabar la innovación.

Es fundamental que la normativa asegure un terreno de juego equilibrado para todos los agentes que participan en la misma actividad, con independencia de si son o no bancos. Y esto no sucede ahora con los operadores no bancarios, que tienen acceso a los datos transaccionales de los clientes de los bancos y sumándolos con los suyos pueden ‘hacer magia’ para ampliar y mejorar la gama de productos y servicios que ofrecen.

Si no podemos competir con ellos en igualdad de condiciones y lo hacemos con las manos atadas, puede verse afectada nuestra función más básica, dar financiación. ¿Quién dará créditos a familias y empresas si eso sucede?

Los bancos españoles están preparados y en buena disposición para ayudar a la economía española a afrontar los momentos de incertidumbre, como quedó patente en los momentos más difíciles de la pandemia. Durante esta crisis sanitaria, social y económica, el sector bancario ha estado en primera línea, con sus oficinas abiertas en el confinamiento, con el aplazamiento de pago de hipotecas y créditos al consumo, la concesión de créditos con aval del ICO a 750.000 empresas y autónomos, y el adelanto de pago de pensiones y desempleo.

Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB

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En efecto, la recuperación de la economía estaba siendo, hasta este nuevo episodio de la pandemia, vigorosa y mucho más rápida de lo esperado por muchos de nosotros que, a principios de 2020, en aquellos dramáticos meses del confinamiento extremo, temíamos una recuperación lenta e incierta y unos daños permanentes en el tejido financiero y empresarial. Pero ese shock tan profundo, tan inédito como brutal y súbito, dejó menos heridas de las esperables. Para mediados de 2021 la recuperación en V, una vez iniciada la campaña de vacunación, empezó a hacerse realidad, en particular en el área OCDE y también, aunque con un menor dinamismo, en España.

Estas buenas noticias se fueron confirmando y el sector bancario español no ha sido ajeno a ellas. Nuestras entidades llegaron a esta crisis con una auténtica coraza en términos de capital y liquidez. Esto les permitió jugar un papel esencial en los primeros meses de la pandemia, inyectando liquidez en las empresas con dificultades a través del programa de créditos con aval del ICO. Durante 2021, han mantenido una buena actividad crediticia y logrado recuperar prácticamente los niveles de rentabilidad anteriores a la crisis sanitaria. Esto no sólo despeja cualquier duda sobre el sector o sobre un posible riesgo sistémico, sino que representa una garantía para que nuestras entidades puedan mantener e incluso aumentar el nivel de remuneración a sus accionistas que tenían antes de la crisis.

Las posibles dudas sobre el nivel de provisiones realizadas han quedado también aclaradas, dado el elevado volumen dotado durante 2020, el primer año de la crisis sanitaria. Y lo más importante de todo, la buena situación de nuestras entidades las sitúa en una magnífica posición para seguir financiando, como han hecho hasta ahora, el proceso de recuperación, apoyando a familias y a empresas, y captando de los mercados, con facilidad y sin problemas, los fondos que se puedan necesitar.

Pero el compromiso de nuestros bancos va mucho más allá y responde a las nuevas demandas de la sociedad y de las autoridades para que contribuyan de forma determinante a la construcción de una economía más sostenible y justa, a través de una lucha eficaz contra el cambio climático. Nuestras entidades han mostrado su determinación en avanzar de forma práctica, acompañando a sus clientes en el proceso de descarbonización de la economía, pero para ello piden a las autoridades reglas y criterios claros.

La Comisión Europea está dando pasos importantes en esa dirección, tanto desde el punto de vista regulatorio como en la puesta a disposición de los Estados miembros de cuantiosos fondos en el marco del Plan para la Recuperación, con la orientación clara de que se destinen a construir una Europa más verde y digital. De esos 750.000 millones de euros, 140.000 millones corresponderán a España (60.000 millones en forma de subvenciones y 80.000 millones en forma de préstamos blandos), una cantidad que nuestro país recibirá durante tres años y que supondrá una valiosa palanca para modernizar la economía. Nuestros bancos han ofrecido su colaboración para que esos fondos puedan llegar a los mejores proyectos y empresas dada la capilaridad de sus redes y el conocimiento que tienen del tejido empresarial español, en particular de las Pymes.

Los fondos europeos Next Generation se dirigen también a impulsar la transformación digital, el otro gran eje estratégico de la banca, que se ha acelerado exponencialmente durante la pandemia. Esto supone un tremendo acicate para nuestros bancos. De hecho, la primera prueba de fuego vino de la mano de la pandemia, y los bancos superaron con éxito el desafío de tener que operar digitalmente casi al 100%, de la noche a la mañana, tanto internamente como con los clientes. Además, esta aceleración del uso de canales digitales ha llegado para quedarse, y vemos crecer día a día la demanda de productos y servicios online por parte de los clientes.

Pero en este mundo digital acechan no pocos riesgos. El más grave de todos es que una parte de la población se quede descolgada de los beneficios de la digitalización. Me refiero a personas mayores o que viven en zonas rurales con mal acceso a internet. Para incluir a estas capas de la población, es preciso avanzar en varias direcciones a la vez: dotar a estas zonas de mejores infraestructuras en telecomunicaciones e internet, intensificar los programas de formación digital para mayores (ahora obstaculizados por la propia pandemia, que impide la formación in situ) y buscar soluciones para el problema del efectivo, en el que están trabajando nuestros bancos a través de acuerdos con ayuntamientos, cadenas comerciales o Correos.

Entre los riesgos de la digitalización, hay que hablar de los nuevos operadores, un curioso ecosistema donde pululan pequeñas fintech, neobancos, operadores de pagos, grandes empresas tecnológicas, todas ellas entrando con avidez en los nichos más rentables del negocio financiero, pero sin estar sometidos a los rigores de la regulación bancaria. Esta mezcla de banca en la sombra y tecnología no sólo representa un problema de competencia desleal para la banca, sino que implica serios riesgos para la estabilidad financiera, como las propias autoridades reconocen, pero sin decidirse aún a tomar decisiones fehacientes al respecto.

En el nuevo ecosistema digital, también nos enfrentamos a la aparición nuevas formas dinerarias. Me refiero a divisas digitales como la safecoins, con respaldo de activos financieros líquidos y tangibles, y a las CBDC, emitidas por los bancos centrales. Con estas no hay problemas, pero sí con los criptoassets, como el bitcoin, que tienen asociados muchos aspectos negativos: la falta de transparencia, la especulación, los problemas medioambientales, la desprotección de los inversores y la opacidad fiscal, lo que puede destruir el camino andado en la lucha contra el lavado de dinero.

Y por último está el problema de la ciberseguridad, que se ha convertido en una carrera contrarreloj por ser más rápidos que los ciberdelincuentes y estar bien preparados ante los ataques que puedan venir, cada vez más sofisticados. Los bancos están trabajando intensamente en este terreno en dos vertientes, una con ingentes inversiones en tecnología y personal especializado, y otra en la cooperación entre entidades bancarias y con las autoridades nacionales y extranjeras. Pero, necesitamos algo más: la implicación consciente de los usuarios. La AEB acaba de lanzar un programa divulgativo sobre medidas de seguridad que ha tenido un gran éxito, pero hay que seguir insistiendo, porque nos jugamos mucho en esto.

En suma, creo que esta positiva evolución de la economía y de la actividad bancaria va a recibir un fuerte espaldarazo durante 2022 y podría, además, verse reforzada por la expectativa de que este año se produzca el tan ansiado fin de los tipos de interés negativos. Creo sinceramente que se ha infravalorado el grave impacto que los tipos negativos han tenido para la industria bancaria, pues si bien la transferencia de rentas hacia la economía real ha sido colosal, y quizás necesaria durante la pasada crisis financiera, las perturbaciones introducidas han obligado a los bancos, despojados de su negocio básico, la transformación de plazos, a replantear sus modelos de negocio y acometer procesos de consolidación y de reestructuración de sus organizaciones. Todo ello realizado de forma muy rápida y afortunadamente muy poco traumática. Espero que alguna vez se sepa valorar en toda su dimensión el esfuerzo de transformación y adaptación acometido por nuestro sector bancario.

José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca

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En su intervención en el evento sobre el futuro del sector financiero organizado por REDI, la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI, Roldán sostuvo que, «al igual que la diversificación de riesgos previene problemas y pérdidas, la diversidad permite minimizar riesgos y errores», lo que siempre redunda en beneficio de las empresas que la fomentan.

La diversidad -indicó- es como una planta, que hay que cuidar y estar vigilante para que no se deteriore. «Para el futuro, mi deseo es que la esta planta no necesite cuidados especiales, sino un poco de agua para seguir creciendo», dijo en su intervención en el evento organizado con la colaboración de BBVA.

A su parecer, la empresa, en especial si es de servicios, debe reflejar la forma de ser y comunicarse de la sociedad a la que sirve. También «debe luchar por conseguir el mejor talento y buscarlo allí donde esté. Es una equivocación ponerle trabas a esa búsqueda».

En este sentido, explicó que la Asociación Española de Banca entiende la diversidad dentro de un enfoque humanista de la empresa «como el respeto que todas las personas merecen, un valor fundamental en la sociedad y en la empresa».

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Es importante salir de nuestras fronteras, volver a dialogar, abandonar ese síndrome de la cueva que no sólo atenaza a las personas, sino también a los países, y buscar nuevas alianzas, equilibrios y puntos en común. Y es importante porque el mundo ha cambiado desde la pandemia, y no sólo por la pandemia. Hechos como el Brexit o el giro registrado por la política comercial estadounidense, no corregido por la Administración Biden, parece que han llegado para quedarse, y obligan a todos los países, pero sobre todo a los de la Unión Europea, a reposicionarse en el contexto internacional y también a encontrar nuevos equilibrios internos.

En este contexto del viaje a Roma, me viene a la cabeza una pregunta para la que no tengo una respuesta sencilla: ¿por qué España e Italia no han logrado mantener una relación de cooperación más estrecha en el ámbito no sólo de la Unión Europea, sino también a escala global? No podemos obviar los lazos históricos entre los dos países: la lengua, el derecho, unos valores (como la importancia de la familia y la amistad), un estilo de vida que es la envidia del mundo entero, etc. Pero más allá de estos tópicos, lo cierto es que el entendimiento entre españoles e italianos emerge de manera natural, como he podido comprobar a lo largo de mi carrera profesional, que ha tenido un claro sesgo internacional.

Y, sin embargo, España e Italia, a pesar de ser aliados naturales, se contraponen más de lo que cabe esperar y desear. Casi todos los españoles que nos hemos movido por ambientes internacionales nos hemos topado más de una vez con alguna trapacería de algún colega italiano, mucho más ducho en el uso de la daga en la distancia corta, mientras que los españoles nos despistábamos peleándonos entre nosotros, que todo hay que decirlo.

¿Por qué esa falta de unión? El primer elemento es una percepción, profundamente errónea, de que entre los dos países se da un juego de suma cero, de manera que, si uno de los dos aumenta su influencia internacional, es a costa de que el segundo la pierda. Esta idea no resiste un mínimo análisis. Nadie se plantea en el eje francoalemán que, si Francia acrecentase su peso internacional, Alemania lo perdería. Probablemente, esa visión derrotista nace de una especie de complejo de inferioridad de España e Italia respecto a sus vecinos del Norte.

Parece que nuestros dos países tuvieran que hacerse perdonar el hecho de haber formado parte del euro desde el primer momento. Y más bien es lo contrario: a finales de los noventa España e Italia tenían muy complicado integrar el grupo de los países fundadores de la Unión Monetaria, si bien el empeño combinado de ambas naciones demostró palmariamente su capacidad para aunar esfuerzos en pos de un objetivo cuando las circunstancias así lo exigen.

A este respecto, conviene recordar que, en los años previos a la puesta en marcha del euro, la posición dominante en Europa era que la moneda única debía implantarse en dos velocidades. El primer grupo estaría integrado por Francia y Alemania junto con unos cuantos países satélites y en el segundo grupo se incluirían España e Italia, que todavía deberían demostrar su ortodoxia después de haber sido condenados a unos años de penitencia adicional fuera del euro. Pero España e Italia decidieron rebelarse ante esta estrategia -errónea por completo- de modo que, en la cumbre bilateral celebrada en Valencia en septiembre de 1996, anunciaron su intención de cumplir con todos los requisitos exigidos para ser parte de los fundadores del euro. Y, si se me permite decirlo, España fue la que convenció a Italia de que el camino a seguir era el de luchar y no rendirse.

No obstante, la situación en la propia UE ha cambiado. Con la incorporación de nuevos miembros, la consumación del Brexit, y la nueva configuración del reparto de poderes dentro de la UE, esa disfuncionalidad del eje del Sur ha dejado de ser una mera rémora para empezar a constituirse en un riesgo estratégico de primer orden para ambos países. En efecto, con el Reino Unido en la Unión, la potencia del eje francoalemán quedaba compensado con el papel equilibrador -y molesto, todo hay que decirlo- de los británicos. España e Italia, en esa configuración tripolar, se movían bien entre las «rendijas» del trípode para hacer valer sus intereses estratégicos. Con la salida del Reino Unido, ambos países deberían ser conscientes de que es necesario equilibrar la hegemonía del eje francoalemán, pues si bien este es muy importante para el funcionamiento de la Unión, un peso excesivo puede perturbar su arquitectura.

La relevancia de un eje del Sur bien consolidado podría, además, proyectarse más allá de Europa. No olvidemos que Italia pertenece al G7, club al que España ya no puede aspirar y que, con las tensiones geopolíticas emergentes en torno a Rusia y China, va a jugar un papel importante y complementario al del G20. España podría aportar a ese foro, a través del eje hispano-italiano, la conexión iberoamericana, donde nuestro país juega con ventajas evidentes, mientras que las autoridades francoalemanas se encuentran fuera de su terreno natural.

En definitiva, estoy convencido de que España e Italia deben replantearse sus relaciones bilaterales para insuflar una mayor ambición a las mismas. Ambos países deben ser capaces de abandonar visiones mezquinas y cortoplacistas, para así transformar esa afinidad natural en una fuerza motora que haga que la voz del Sur se escuche y se valore en Europa y en el resto del mundo.

José María Roldán, presidente de la AEB

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Para intentar minimizar esos riesgos, propongo hacer un ejercicio más sencillo. Simplemente considero que el futuro del sector bancario español está contenido en su pasado y en su presente. Dentro de quince años, los bancos españoles harán en esencia lo mismo que han venido haciendo hasta ahora, aunque seguro que de una forma seguramente muy diferente: acompañar a sus clientes en la permanente transformación de la actividad económica y atender las necesidades que a familias y empresas les vayan surgiendo en el camino.

Así ha sido hasta ahora. Nuestros bancos han acompañado a las empresas españolas en su expansión e internacionalización a lo largo de su historia reciente. Pero también han desarrollado medios de pago eficaces que han hecho la vida más fácil a los ciudadanos y han aportado un tremendo valor a la economía española. Además, han hecho posible el acceso a la vivienda a más de 80% de las familias españolas. Nuestras entidades han sido también capaces de sobrevivir a una dramática crisis financiera internacional, de la que han salido más fuertes y mejor preparadas, tras cumplir los exigentes requisitos de la nueva regulación bancaria.

Esa preparación y fortaleza quedó bien demostrada durante los primeros compases de la pandemia, cuando nuestros bancos, con gran parte de su plantilla trabajando desde casa, fueron capaces de replicar su actividad normal y continuaron prestando servicios a sus clientes gracias a unas infraestructuras tecnológicas que funcionaron a pleno rendimiento y sin incidentes. Nuestros bancos pudieron así adelantar el pago de las pensiones, de los ERTEs y de otras prestaciones sociales y ofrecieron moratorias, más allá de las legalmente exigidas, a los titulares de préstamos hipotecarios y créditos al consumo. Pero su actuación más relevante fue sin duda cuando, junto con el ICO, armaron en pocas semanas un sistema para proporcionar liquidez – 120.000 millones de euros- en un tiempo récord (unos pocos meses) a más de 600.000 empresas, la mayoría de ellas micropymes. Esta rápida actuación garantizó la supervivencia de una parte muy importante del tejido productivo que había sido afectado más intensamente por la pandemia. Esto es, permitió a muchas empresas sobrevivir en los duros meses del confinamiento y afrontar el parón de la actividad, si no con esperanza, sí con perspectivas de futuro.

En estos momentos, el empeño de los bancos españoles se centra en acompañar a empresas y familias en el proceso de reactivación de la economía española. Por suerte, contamos con ejes sobre los que trabajar como es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, diseñado por el Gobierno, y también los fondos NextGenerationEU, que será el mayor paquete de estímulo jamás financiado para hacer una Europa más ecológica, digital y resiliente.

El empleo de estos fondos representa, por su volumen y condicionalidad, un enorme desafío para la Administración, a la vez que una extraordinaria oportunidad que la sociedad española no puede dejar escapar. El adecuado empleo de estos fondos va a exigir un enorme esfuerzo colectivo e implementar esquemas de colaboración público-privada. Los bancos españoles ya han expresado en numerosas ocasiones su disposición para contribuir a este proyecto, pues disponen de los medios para llegar a las empresas, en particular, a las pequeñas y medianas. Su capacidad, ampliamente probada, para analizar y valorar proyectos es sin duda una fortaleza adicional que hay que tener en cuenta.

Más aún, la revolución verde y la transformación digital, los dos grandes ejes del plan NextGenerationEU, son también las áreas que conforman la estrategia de transformación del sector bancario español. Porque si algo podemos tener claro es que, dentro de 15 años, nuestros bancos serán más verdes y digitales y en esos años habrán contribuido de forma decisiva a que las empresas y familias españolas avancen en ambos procesos. Quince años ya pasados, por los que expreso mis más sinceras felicitaciones al equipo de El Economista, y quince años de un futuro próximo para los que les deseo toda clase de éxitos.

José María Roldán, presidente de la AEB

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El principio de Caveat Emptor (diligencia del comprador) consagrado en el Derecho romano se ha incorporado a muchos sistemas jurídicos, incluidos los de common law. Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XXI, el concepto se ha visto erosionado en los mercados financieros, donde se está introduciendo un enfoque de derechos del consumidor de tolerancia cero, propenso a los litigios y a las sanciones. Esto repercute en los mercados, puesto que el precio (la compensación que da una parte a otra a cambio de una unidad de bienes o servicios) no está bien definido. El nuevo equilibrio, entre otras consecuencias, conllevará un menor volumen de productos, una diversidad de productos ofrecidos también menor, un precio más alto y un menor volumen de servicios financieros ofrecidos a clientes con una educación financiera menos sofisticada. Por esta vía, las normas de protección creadas para proteger al segmento más débil del conjunto de consumidores pueden acabar perjudicándoles.

Introducción

Debo confesar que tengo debilidad por la cultura romana. Sí, es cierto que como imperio hicieron cosas terribles, aplastando a cuanta oposición se encontraron desde Hispania hasta Judea, desde Britania hasta Germania. Pero hicieron cosas, desde las ventanas con cristales hasta la Porta Nigra en Tréveris, que han perdurado con el paso del tiempo, como ninguna otra civilización en Europa ha logrado hacerlo.

Una de esas invenciones duraderas tuvo lugar en el campo del derecho. El derecho romano, el antiguo sistema jurídico, que se sigue estudiando hoy en día. Teniendo en cuenta que tiene 2.000 años de antigüedad, no es en absoluto una hazaña menor. La razón no es sólo la adecuada arquitectura de las normas, que constituye la base de todos los sistemas jurídicos de derecho civil, sino también la solidez de los principios que la sustentan. De hecho, muchos principios derivados del derecho romano han sido adoptados incluso por los países de derecho común.

El principio de responsabilidad personal y la protección del consumidor

Uno de los principios del sistema jurídico romano que ha llegado a nuestros días es el de caveat emptor, que puede traducirse como la obligación del comprador de asegurar, hasta un límite razonable, que el bien o servicio que adquiere no contiene ningún defecto oculto (ya sea físico o en forma de riesgos subyacentes). Inevitablemente, el vendedor de cualquier bien o servicio tiene más información sobre su naturaleza que el comprador, y ésta es precisamente la razón por la que el comprador debe ser diligente a la hora de valorar las características del bien o servicio adquirido. En presencia de información asimétrica, se considera que la diligencia del comprador es un factor esencial para garantizar una vida empresarial sólida.

Ese principio se abandonó a finales del siglo XX, con la aparición de una filosofía de derechos del consumidor. En lugar de la aplicación de la responsabilidad personal, se consideró, y con razón, que para los compradores poco sofisticados era necesaria una regulación que les protegiera de prácticas desleales al comprar bienes o servicios. La cuestión de la información asimétrica se solucionó obligando al vendedor a compensar al comprador por los defectos ocultos del bien o servicio ofertado.

Por supuesto, los principios mencionados deben contener algunos límites para mantener el buen funcionamiento de economías basadas en mercados. En particular, la protección sólo se extendía a los consumidores poco sofisticados, e incluso para este grupo el principio de buena fe del vendedor seguía vigente.

En la práctica, se preservaba la vida comercial ofreciendo a los comerciantes un puerto seguro: si se respetaban algunos principios básicos (derecho de devolución de los bienes poco después de la compra, garantía de los daños ocultos, etc.), el comerciante sabía que la transacción no estaría sujeta a control y revisión por parte de las autoridades. O, en otras palabras, por puerto seguro se entiende una situación en la que el estricto cumplimiento de una serie de normas establecidas por las autoridades protege a las empresas financieras de los litigios y las acciones de supervisión. Este puerto de seguridad permitía una vida empresarial tranquila para las empresas financieras: los costes de cumplimiento normativo se podían identificar ex-ante y mantenerse bajo control.

En cualquier caso, la actuación de los tribunales de justicia, como últimos garantes del mantenimiento de un mercado justo para los productos financieros, garantiza la protección de los derechos de los consumidores, siempre bajo el principio del «caveat emptor». En particular, en E.E.U.U. el sistema de justicia punitiva y las acciones colectivas (en las que un grupo de consumidores defiende sus derechos en una demanda interpuesta por un subconjunto de los demandantes) representan un elemento de disciplina adicional muy potente para evitar abusos. En Europa, la existencia de un conjunto detallado de obligaciones permite un contraste sencillo para los tribunales acerca del cumplimiento de las condiciones vinculadas al puerto seguro.

El surgimiento de una cultura de tolerancia cero y la expansión de los derechos del consumidor

Desde las primeras décadas del siglo XXI, estamos asistiendo a un impulso adicional en el frente de los derechos de los consumidores y a una revisión del principio de diligencia debida por parte del comprador. Una filosofía de tolerancia cero significa que cualquier fracaso (en términos de protección del consumidor) en una sola transacción, entre millones de transacciones del mismo tipo, conduce a normas cada vez más estrictas que debilitan el principio de caveat emptor.

Este movimiento también está revirtiendo la carga de la prueba, hasta el punto de que para las empresas financieras el «puerto seguro» es cada vez más inalcanzable. Si un fallo aislado entre millones de transacciones induce una reacción que provoca una oleada de sentencias judiciales y reparaciones, esto representa una situación de incertidumbre a la que las empresas financieras no son capaces de enfrentarse de antemano. Transacciones que se consideraban seguras hasta ese momento, de repente se vuelven inaceptables.

¿Por qué este cambio de actitud social es tan importante? A corto plazo, afecta a la rentabilidad de los operadores financieros. En definitiva, los accionistas soportan el impacto. Pero si consideramos que el ROE es una variable endógena que debe ser igual o superior al coste del capital (la remuneración que los accionistas exigen para permanecer en el capital de una institución financiera) para que la empresa sobreviva a largo plazo, las consecuencias a medio plazo llegarán a medida que las empresas financieras se readapten al nuevo entorno.

El primer resultado es la disminución de la oferta. Las empresas que no reaccionen se verán obligadas a abandonar sus negocios, ya que su rentabilidad no se corresponderá con el coste del capital adquirido. Y las empresas que reaccionen tratarán de evitar a los clientes potencialmente más débiles (más débiles en términos de educación financiera, nivel cultural, edad, perspectivas de empleo, etc.). El nuevo equilibrio irá acompañado de una menor oferta de servicios financieros, sobre todo para los clientes más débiles. Y no debemos ignorar que el peor problema para cualquier consumidor, el mayor ataque a sus derechos, reside en no poder acceder a los productos financieros.

Otra reacción será probablemente una simplificación de la oferta de productos. Los productos más sencillos, con sólidos márgenes comerciales, son una respuesta racional a los crecientes derechos de los consumidores. Un producto financiero sencillo se verá menos afectado por potenciales cambios en el estado de ánimo de la sociedad. La sobreprotección puede llevar a una oferta de productos más limitada.

Y, por último, otra reacción obvia será el aumento de la digitalización. Si la conversación entre un cliente y un empleado de una empresa financiera es clave para determinar las posibilidades de un futuro contratiempo en términos de indemnización, entonces una forma de reducir los riesgos es eliminar esa interacción humana.

El fracaso de la arquitectura de regulación y supervisión en el ámbito de las normas de conducta

El diseño de las normas de conducta

Felix Hufeld, director de la Agencia de Supervisión alemana (BAFIN), ha señalado una diferencia entre la arquitectura de las normas de conducta y las de solvencia de las empresas financieras. Ambas reglamentaciones no son inmunes a las crisis, y las crisis y los escándalos financieros tienen impacto en la reglamentación. Lo vimos después de la Crisis Financiera Mundial (Global Financial Crisis, o GFC), con el impulso para promulgar el Acuerdo de Basilea III después de que finalizara el Acuerdo de Basilea II (mal momento: Basilea II se culminó justo antes de la GFC). Y lo mismo se observa en el campo de las normas de conducta, ya sea como resultado de escándalos financieros o de sentencias judiciales.

La regulación de la solvencia se reforma de forma más estructurada y plurianual, con debates claros sobre los defectos de las normas anteriores, de los principios que subyacen a la nueva regulación propuesta y con estudios de impacto y procesos de consulta bien definidos. Las normas de conducta responden también a un diseño bien pensado, pero la sucesión de pequeños escándalos financieros locales añade un gold plating o sobrerregulación local que las hace más complejas, confusas, caras para las empresas financieras en términos de costes de cumplimiento e indescifrables para el consumidor.

Esta estructura «en capas» de las normas de conducta va en contra de la disponibilidad de productos financieros baratos para todos los consumidores. El objetivo de la regulación de las normas de conducta no debería ser restringir la oferta de productos a una serie limitada de opciones o dirigirlos a un grupo reducido de consumidores (los más prósperos). No se debe olvidar nunca que el peor resultado para los derechos de los consumidores es no tener acceso a los bienes o servicios. La línea entre una protección eficaz y una reglamentación que no aplaste la oferta es al mismo tiempo delgada e indispensable

La revolución digital y el perímetro de protección de los consumidores

La revolución digital supondrá, probablemente, un desarrollo positivo en su conjunto (una vez neteados los costes y los beneficios). Pensemos en aspectos como un acceso mejor y más barato a los productos financieros, un aumento de la competencia, una mejor experiencia para el usuario, un aumento de la eficiencia en el sector financiero, etc. Pero no podemos ser ingenuos respecto a los retos asociados: cualquier revolución suele conllevar que la sangre de alguien acabe salpicando el asfalto.

Algunos riesgos son ya obvios: el riesgo y los delincuentes cibernéticos abundan en este nuevo mundo. Pero los retos van más allá. La revolución digital está desdibujando las fronteras entre países, pero también entre sectores. Y, lo que es aún más revolucionario, está haciendo que la regulación del suministro de servicios digitales sea mucho más complicada. No nos ponemos de acuerdo ni siquiera en la arquitectura de la regulación: ¿debemos seguir regulando en función de quién eres (basándonos en la entidad) o en función de lo que haces (basándonos en la actividad)? ¿Debemos implantar el mantra de «la misma actividad y los mismos riesgos implican la misma regulación y supervisión»? ¿Debemos apostar por una nueva combinación de regulaciones basadas en actividad y en entidad para las bigtechs?

Todas estas cuestiones son importantes, ya que un consumidor puede toparse con una protección de facto muy diferente dependiendo del tipo de empresa que le proporcione los servicios. Y el problema no es sólo el de la regulación equivalente: no hay que olvidar que cualquier regulación es únicamente tan buena como la supervisión que garantiza su aplicación y seguimiento.

O, en otras palabras, ¿para qué sirve que las empresas financieras reguladas estén sujetas a normas estrictas si el suministro de servicios financieros puede realizarse a través de empresas financieras no reguladas desde sedes remotas (o sin empleados físicos)? La mezcla de la revolución digital, la desagregación (unbundling) de los servicios financieros y la desaparición de las fronteras sectoriales y nacionales suponen un gran reto para la protección del consumidor.

Por último, la historia del sector financiero nos recuerda que, junto con la innovación financiera que favorece el bienestar, también se suele dar una innovación financiera dañina. Esta vez no va a ser diferente. La tecnología trae oportunidades, pero también traerá dolores de cabeza.

La complejidad de las normas

La racionalidad básica de la regulación de las normas de conducta (ofrecer un nivel adecuado de protección a los consumidores y, al mismo tiempo, proporcionar a las empresas financieras un puerto seguro) está siendo cuestionada por la gran complejidad de la regulación financiera.

Dos elementos han difuminado este principio. En primer lugar, el sesgo retrospectivo por el que se han juzgado las relaciones contractuales pasadas en función de principios vigentes en la actualidad. Si el progreso económico va acompañado (y con razón) de niveles de protección cada vez mayores, se corre el riesgo de que los supervisores o los tribunales de justicia apliquen nuevas y más elevadas normas de protección a los contratos antiguos. Por ejemplo, la mayoría de los litigios en torno a las hipotecas en España pueden corresponder a este tipo de sesgo. Las empresas financieras que hicieron lo que era correcto (y no sólo lo que era aceptable) cuando se firmó el contrato financiero, ven cómo, a medida que los principios y las normas sobre la protección del consumidor financiero evolucionan, su «puerto seguro» desaparece.

El segundo factor que afecta a las empresas es la complejidad de la normativa. En general, los reguladores han intentado hacer frente a la creciente complejidad del ecosistema financiero aumentando la densidad de las normas (algo que puede observarse, por ejemplo, en Basilea III o en el marco de la Resolución). En el caso de la protección del consumidor financiero, el movimiento hacia una regulación financiera más compleja es el resultado de dos fuerzas que actúan en la misma dirección. El primero, ya mencionado, es el impulso para codificar todas las posibles interacciones entre los consumidores y las empresas financieras en un sector financiero cada vez más complejo, en el que abundan nuevos intermediarios y productos financieros novedosos. El segundo, también citado, es el impacto que los escándalos financieros tienen en la formación de nuevas reglas de protección en forma de capas adicionales. Esta mezcla de fuerzas, normativas (reglas que responden a un diseño bien pensado por parte de las autoridades) y positivas (que reaccionan por razones políticas muy rápidamente ante escándalos concretos), es exclusiva del ámbito de las reglas de conducta.

¿Qué significa todo esto en la práctica? Las empresas financieras se están enfrentando a una creciente complejidad de la normativa financiera, que implican un mayor coste de cumplimiento, pero que debido a su evolución (falta de estabilidad) y al aumento de la exigencia no está proporcionando el «puerto seguro» que necesitan para poder operar. La venta de productos financieros en estas circunstancias se convierte en un ejercicio imposiblecomplejo: como conducir en una carretera en la que los semáforos y las normas de tráfico cambiaran a medida que se circula por ella.

Los riesgos de la Inteligencia Artificial y la protección del consumidor basada en resultados

¿Puede un programa financiero bien diseñado incurrir en misselling (práctica de ventas abusiva)? En principio, estas prácticas indebidas son el resultado, por un lado, de la interacción de dos seres humanos (uno es un trabajador del sector financiero y otro un consumidor que desea comprar un producto financiero), por otro de la confusión que puede surgir de esa interacción y, finalmente, de la venta de un producto inadecuado al consumidor. Si se elimina el factor humano en el lado de la empresa financiera, también se suprime la posibilidad de que surja la confusión. O, en otras palabras, una interfaz informática bien construida aseguraría que el consumidor, después de haber pasado por todos los procedimientos, con todos los contrastes incorporados, sólo compraría un producto que se ajustara a sus necesidades.

¿Los supervisores están de acuerdo con este planteamiento? No, en absoluto. Reconocen las dificultades de demostrar, por ejemplo, que la inteligencia artificial, con un amplio uso de big data y de técnicas de aprendizaje automático (machine learning), pueda incurrir en misselling o prácticas de venta abusivas. Pero también apuntan a la solución: si el resultado es injusto para el consumidor, entonces es posible imponer una sanción a la empresa. Estamos pasando de un sistema punitivo basado en pruebas objetivas a un sistema de sanción basado en resultados.

¿Cuál es el problema de este sistema? Es un sistema de protección abierto, que no ofrece ningún «puerto seguro» a las empresas.

Conclusión

Quizá nos preguntemos por qué todos los argumentos anteriores son importantes. Yo creo que lo son, y por varios motivos. Cualquier transacción en el mercado está definida por tres elementos: la oferta (alguien dispuesto a vender), la demanda (alguien dispuesto a comprar) y un precio (la cantidad de pago o compensación que una parte da a otra a cambio de una unidad de bienes o servicios). El problema de un sistema de protección abierta que se presta a litigios y sanciones es que el tercer elemento, el precio, no está bien definido.

¿Cuál es la respuesta racional a esta situación? Que la empresa compensará la falta de claridad en el precio desplazando la curva de oferta hacia arriba: el nuevo equilibrio se caracterizará por un menor volumen de productos, una menor diversidad de gama de productos ofertados y precios más altos. Pero dado que el riesgo de litigio no se distribuye uniformemente entre los clientes, sino que es más alto para los clientes menos sofisticados, el nuevo equilibrio probablemente implicará que se ofrezcan volúmenes más bajos de servicios financieros a los clientes más débiles, o a los clientes con una educación financiera menos sofisticada. En otras palabras, las normas y las prácticas que se están poniendo en marcha para proteger al grupo de consumidores más débil pueden acabar perjudicando a este mismo grupo de clientes.

Los romanos lo sabían bien: un buen funcionamiento del tráfico comercial requiere un poco de diligencia y de cuidado por parte de todos los implicados en cualquier transacción. Esperemos que el concepto de caveat emptor vuelva a la legislación en un futuro no muy lejano.

José María Roldan, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB)

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El presidente de la AEB señaló que aquella crisis desencadenó una ola reguladora que sirvió para mejorar la capacidad de resistencia de los bancos tradicionales. De hecho, «casi dos años después del brote de Covid-19, el sector bancario ha sido una fuente de fortaleza y parte de la solución de los problemas durante y después de la pandemia». Sin embargo, precisó, las instituciones bancarias en la sombra, como las compañías de seguros, los fondos de cobertura y los vehículos de inversión siguen creciendo y evitando aquellas regulaciones que han fortalecido al sector bancario.

No sólo eso. Precisó que los nuevos intermediarios e instrumentos que están apareciendo al calor de los procesos de digitalización y de la lucha contra el cambio climático están añadiendo complejidad y falta de transparencia al sistema financiero en la sombra. Ambos procesos han registrado una fuerte aceleración durante la pandemia. «Sin duda, la revolución verde -un nuevo ecosistema que se ha creado desde cero en un par de años- ha llegado para quedarse con su enorme carga de complejidad, riesgos e incertidumbres».

En suma, «tenemos el sector bancario en la sombra, tenemos el mundo digital que está añadiendo una capa de complejidad y, además, el nuevo ecosistema verde que está agregando más complejidad aún. Las autoridades tenían y tienen dificultades para entender lo que ocurría en el sector bancario en la sombra, pero ahora tienen un reto aún mayor».

Al respecto, agregó que «las autoridades saben que tienen un problema que deben afrontar más pronto que tarde, porque la revolución digital y la revolución verde avanzan muy rápidamente. Pero no creo que tengan todavía una idea clara de lo que hay que hacer». El problema, en su opinión, es que cuando las autoridades decidan qué hacer, y empiecen a controlar con buenos datos lo que está pasando, puede que ya sea demasiado tarde. El presidente de la AEB alentó, por lo tanto, a «no dejar de lado el problema de la banca en la sombra y luchar por entender cuáles son las nuevas fragilidades que se están creando ahora mismo en el seno del ecosistema financiero».

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